El caso de Doña Carlota, la mujer que defendió su casa a tiros ante el despojo, es apenas uno más de los que se acumulan a diario. Analizar este fenómeno no busca hacer apología de la justicia por cuenta propia, prohibida por la ley; pero preocupa que estas reacciones puedan crecer al punto de la barbarie, en un país que ocupa el primer lugar en mercados criminales del mundo y cuyas fiscalías arrastran más del 95 por ciento de impunidad en los delitos.
¿Estamos a nada de empezar a hacernos justicia por propia mano en México?
Aquel día, en una vivienda del estado de Colima, el aroma a maíz y especias escondía una sentencia de muerte, porque cansada de soportar años de violencia física, psicológica y abusos sexuales sistemáticos a manos de su pareja sentimental y de su propio suegro, una mujer decidió cocinar pozole.
No era una celebración familiar: en el caldo mezcló veneno para ratas.
Antes de recurrir al veneno, la mujer había recorrido el camino institucional. Acudió a la agencia del Ministerio Público a denunciar las agresiones cotidianas que padecía en su hogar. Le abrieron una carpeta de investigación, pero el trámite quedó sepultado en el laberinto burocrático; el auxilio del Estado jamás llegó a su puerta.
Cuando ambos hombres consumieron el platillo, la mujer se percató de que la sustancia tóxica no había surtido un efecto fulminante y que aún seguían con vida.
En un arranque de pánico y desesperación absoluta, tomó un cuchillo de cocina y los atacó en el cuello para rematarlos. La escena fue tan dantesca que, al arribar las autoridades, incluso los elementos policiales quedaron en shock ante el cuadro ensangrentado.
Minutos después, la mujer salió a la calle empapada en sangre, gritando su dolor ante los vecinos.
Cuando llegó la policía, no intentó huir ni negar los hechos: confesó de inmediato lo ocurrido.
Más allá del castigo penal inmediato, las autoridades terminaron canalizándola a atención psiquiátrica especializada, en una inusual respuesta institucional que priorizó el criterio humanitario frente a una mujer orillada a la locura por la desatención del propio sistema.
Esta historia es una de tantas que ha visto el abogado penalista Iván Chávez, que en entrevista; recordó la crudeza de cómo opera la justicia por propia mano en el país: no como un capricho criminal, sino como una relación directa de causa y efecto.
Porque cuando las instituciones de procuración de justicia abandonan a la víctima, la persona queda arrojada a un abismo donde la supervivencia desplaza a la legalidad, explicó.
El también defensor de los derechos humanos enfatizó que describir la realidad no implica hacer apología del delito, ya que recordó que el artículo 17 de la Constitución mexicana prohíbe expresamente que las personas ejerzan justicia por su propia cuenta o utilicen la violencia para reclamar sus derechos.
Sin embargo, el penalista apuntó hacia el retrovisor de la historia nacional: desde la Independencia y la Revolución hasta el levantamiento del EZLN o el surgimiento de las autodefensas rurales en Michoacán y Guerrero, la violencia comunitaria y las armas han brotado de forma recurrente cuando el aparato estatal se alinea del lado de la impunidad y la injusticia.
Para Chávez, este problema estructural seguirá enquistado mientras los grupos criminales mantengan alianzas de conveniencia con actores políticos y sostuvo que la violencia actual en México ha escalado a niveles que solo encuentran antecedentes históricos en crisis como la de Colombia en los años ochenta o en estadísticas de bajas humanas comparables con naciones sumidas en conflictos bélicos abiertos, como Ucrania.
Bajo la óptica del doctor en anticorrupción, el país se asoma a una encrucijada crítica: o la criminalidad desbordada destruye el Estado de derecho, lo que podría derivar en escenarios tan oscuros como presiones e injerencias extranjeras ante la pérdida de control territorial; o se estaría de frente a la necesidad de refundar desde cero la estructura política nacional para atacar la raíz de la impunidad.
Al ser cuestionado sobre si casos virales como el de Doña Carlota, la anciana que acudió armada a recuperar el predio que le había sido despojado, representan una señal de alarma sobre una posible epidemia de justicia por propia mano, el maestro en seguridad pública no duda en confirmarlo.
Y es que, por un lado, subraya que las redes criminales de despojo inmobiliario en entidades como el Estado de México operan con un nivel de sofisticación y complicidad aterrador; y por el otro, estimó que por lo menos en el Estado de México se registra prácticamente al menos un caso diario de justicia por cuenta propia.
“No todos estos incidentes derivan en homicidios, pero sí en asaltantes golpeados en el transporte público, carteristas sometidos por turbas y lonas colgadas en esquinas de fraccionamientos que advierten: ‘Ratero que agarremos, no lo entregamos a la policía, lo linchamos”.
De hecho, reconoció que este tipo de avisos comunitarios muchas veces contienen momentáneamente el delito barrial, pero que retratan el síntoma más alarmante de una sociedad: el momento en que la gente prefiere un letrero de advertencia vecinal antes que marcar al número de emergencias.
Ni genética ni destino: la barbarie como síntoma del desamparo
En el mapa del crimen global, México no solo figura, sino que, ¡lo encabeza! De acuerdo con el Índice Global de Crimen Organizado 2025, elaborado por la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional con sede en Ginebra; el país ocupa el primer lugar mundial entre 193 naciones en el tamaño y penetración de sus mercados criminales.
Es decir, en México no sólo operan los grandes cárteles de la droga, sino que existe un ecosistema ilícito líder mundial que permea en la vida cotidiana: desde la extorsión barrial y el robo de vehículos, hasta el asalto callejero, el cobro de piso, los fraudes financieros, la trata de personas o la desaparición de seres humanos.
Frente al cerco estadístico, le preguntamos a la antropóloga social y psicoanalista Elena Azaola Garrido, si la tentación de tomar la justicia por cuenta propia es ya una ola incontenible frente a la ecuación mexicana de alta criminalidad más impunidad; a lo que respondió que probablemente eso esté ocurriendo, pero desde hace mucho tiempo.
“Es el síntoma de una sociedad orillada a la barbarie debido a la crisis civilizatoria que se experimenta hoy en día”.
Pese a lo anterior, la investigadora también descartó que esta crisis cultural sobre “el no respeto la ley” tenga condenados a los y las mexicanas a una suerte de fatalismo biológico o histórico.
En el debate público suelen cruzarse hipótesis para justificar el desapego a la norma: por un lado, el mito de que en las embarcaciones coloniales venían reos indultados y de ahí se heredó una inclinación delictiva; por el otro, la idea de que en la memoria del pueblo conquistado quedó grabado el desacato como un acto de resistencia frente a la ley impuesta por el opresor.
Para Azaola, sin embargo, ninguna de estas explicaciones sostiene el presente: la desobediencia y la violencia no están escritas en los genes ni son una condena histórica insalvable.
La naturaleza humana, explicó, desde una óptica que cruza la antropología con el psicoanálisis, guarda dos potenciales en constante pugna: en primer lugar, la capacidad de forjar acuerdos comunitarios, respetarlos y construir sociedades pacíficas, así como el anhelo de alcanzar estándares de bienestar y legalidad de la tan citada Dinamarca en la narrativa política.
En contraparte está la inclinación hacia la crueldad, la descomposición y la barbarie cuando los límites sociales y las normas deciden ignorarse por la colectividad.
“El potencial existe para ser ciudadanos de bien”.
La estudiosa de la conducta humana añadió que el sistema formal de justicia lleva décadas sin funcionar y cuando las instituciones del Estado se muestran frágiles, cómplices o ausentes, la ciudadanía termina por asumir por propia cuenta las tareas más elementales de la autoridad.
El ejemplo más elocuente y desgarrador de esta suplencia civil no son las armas, sino las palas, donde miles de madres buscadoras que recorren y escarban cerros y fosas clandestinas por todo el país para encontrar a sus desaparecidos, haciendo con sus propias manos el trabajo forense y de investigación que las fiscalías abandonaron.
Por ello, Azaola afirmó que el sistema no solo está paralizado, sino que las decisiones políticas recientes han profundizado la crisis, como lo fue con la reforma judicial que vino a agudizar el problema en lugar de subsanarlo, al abrir la puerta a perfiles sin la experiencia técnica indispensable para juzgar y al imponer una dinámica donde los nuevos operadores quedan comprometidos a pagar los favores políticos del voto que los llevó al cargo.
La asfixia del sistema de justicia también recae en las fiscalías del país que operan completamente rebasadas pues existen alrededor de 2.5 millones de carpetas de investigación pendientes por judicializar.
En la práctica, ese cuello de botella significa que millones de denuncias ciudadanas terminan archivadas en el olvido, garantizando que el delito quede impune antes de que un juez siquiera conozca el caso, reconoció.
Frente a este colapso en la procuración de justicia, la respuesta oficial suele limitarse al discurso punitivo de saturar las prisiones, una salida que Azaola califica de engañosa, pues aunque el gobierno presuma como un logro el aumento en las detenciones y el encarcelamiento masivo, la realidad es que los centros penitenciarios en México no readaptan a nadie; por el contrario, operan como semilleros de criminalidad que empeoran la conducta delictiva y devuelven a las calles a personas aún más violentadas por el propio encierro.
Para entender el origen de esta descomposición del tejido social, la doctora explicó que el Estado mexicano debe poner la mirada en la raíz más desatendida: las infancias, la crianza y los entornos de precariedad extrema donde germinan las conductas delictivas.
Recordó el caso de unos gemelos en Torreón que terminaron involucrados en hechos de violencia, donde al revisar su historia familiar y el entorno en el que crecieron salía a flote una realidad devastadora:
“Vivían en un lugar que ni los cerdos podrían vivir”.
La gente, recalca la especialista, no nace con una maldad innata; es el entorno de abandono, violencia y miseria el que termina por moldear y degradar al ser humano.
Antes de clasificar con ligereza a las personas entre “buenos y malos”, la pregunta obligada y honesta es si la sociedad y el Estado les garantizaron una vivienda y un entorno mínimamente óptimos para su desarrollo.
El reclutamiento de menores y adolescentes por parte del crimen no es un fenómeno exclusivo de México; ocurre incluso en naciones de Europa. La diferencia abismal, contrastó Azaola, radica en la presencia y contención institucional: países como Alemania o Suecia despliegan programas integrales de intervención y acompañamiento estatal desde los 8 años de edad para evitar que los menores caigan en redes delictivas. En México, en cambio, esa contención institucional simplemente no existe.
Por el contrario, la investigadora señaló que en el país prevalece un patrimonialismo de los recursos públicos por parte de la clase política y los servidores públicos, quienes con frecuencia se asumen como dueños del presupuesto en lugar de entender su rol de servidores, provocando que
la inversión social en infancias y reconstrucción del tejido comunitario nunca aterrice donde se necesita con urgencia.
La profesora planteó la necesidad inaplazable de sacudir patrones culturales arraigados, como la peligrosa creencia de que la corrupción es algo normal o una vía de beneficio común, ya que tarde o temprano esa descomposición toca fondo y cobra factura a toda la sociedad, haciendo imperativo un despertar colectivo.
Defenderse cuando no hay nadie que proteja está inscrito en la naturaleza humana; por ello, la investigadora reconoció que la puerta del “sálvese quien pueda y como pueda” sigue abierta y corre el riesgo de ensancharse aún más si no se frena el deterioro.
Para la psicoanalista, México atraviesa una crisis civilizatoria que debe entenderse como un proceso a medio camino: el tránsito doloroso entre instituciones disfuncionales y la construcción de un nuevo marco legal acompañado por un cambio de conciencia en quienes lo operan.
Y es que recordó que sociedades que hoy gozan de paz y certidumbre legal, como la alemana o la suiza, también vivieron etapas históricas de caos y degradación antes de consolidar sus instituciones.
La posibilidad de corregir el rumbo existe; el reto es asumir que el cambio debe comenzar desde la raíz social antes de que la barbarie termine por devorar el resto de las normas, dijo la también autora del libro Nuestros niños sicarios, editorial Fontamara.
De Fuenteovejuna al espejo de Singapur: el andamiaje roto del Estado
Sobre México abriendo una ruta normalizada hacia la justicia por propia mano, al abogado Xavier Cortina Cortina le vino a la mente una referencia escrita en el siglo XVII: Fuenteovejuna, la obra de Lope de Vega donde un pueblo entero se organiza para matar a la autoridad tirana ante la falta de ley.
Para el licenciado le resulta un contrasentido histórico que, en pleno siglo XXI, el país responda con la misma violencia comunal de hace cuatrocientos años.
Y la ironía es mayor porque, a diferencia de aquella época, el México actual no carece de leyes, dijo el experto en derecho, ya que el andamiaje legal y los insumos técnicos existen en el papel; lo que falta, señaló, son personas capacitadas y la voluntad real de hacer cumplir las normas.
El litigante y socio del despacho Quijano, Cortina y De la Torre, firma que defendió de forma gratuita a periodistas como Carmen Aristegui, a José Gutiérrez Vivó y a los creadores del documental Presunto Culpable frente a demandas millonarias; sabe cómo se empantana el sistema.
Por ello, su despacho asume esas causas para ponerle un freno a la facilidad con la que se denuncia y acosa a la prensa en el país, una labor que no les ha costado agresiones físicas, pero sí auditorías fiscales del SAT con una frecuencia que no experimentan otros despachos.
Esa parálisis institucional explica por qué en las calles tienen tanto peso dichos como “demandar es de necios” o “más vale un mal arreglo que un buen juicio”.
Cortina no comparte la primera idea porque en muchas ocasiones el tribunal es el último recurso del ciudadano, pero sí respalda la segunda: la función de un abogado debe ser conciliar y resolver antes de caer en un juzgado.
Cabe recordar que de acuerdo con el World Justice Project, en el rubro de justicia civil y lentitud de los procesos, México se hunde hasta el puesto 131 de 142 a nivel global, con una calificación de apenas 0.37 sobre 1.0.
Dicho de otra forma, el informe revela que el país no compite con economías de la OCDE ni de América del Norte, sino que comparte el fondo de la tabla con naciones bajo severas crisis institucionales como Camerún, Bolivia, la República Democrática del Congo, Egipto o Sierra Leona.
Ese abismo estadístico explica por qué el ciudadano de a pie asume que la ley no llega a tiempo y prefiere resolver el conflicto por su cuenta.
Cortina aclaró que señalar lo anterior no busca justificar el delito de la justicia por propia mano y también recurrió al artículo 17 constitucional que lo prohíbe explícitamente, sin embargo, también reconoció que el problema es que el Estado incumple con su obligación primaria de tutela y dinamita el pacto social: la ciudadanía cede el uso de la fuerza a cambio de protección; si la autoridad no responde, el acuerdo se rompe.
A esta falla estructural se sumó la reforma judicial, que aunque el poder judicial requería cambios profundos, el licenciado la califico como un disparate, ya que como lo han documentado observatorios jurídicos independientes, la figura del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial nació con un sesgo de origen: opera como un mecanismo de control político que vigila con rigor selectivo y hostiga a los jueces de carrera técnica independientes, mientras arropa y blinda de sanciones a los juzgadores electos por voto popular.
Además, la reforma dejó de lado el problema de fondo: las fiscalías, donde se atora y se pierde la mayoría de las denuncias, dijo.
Aun con ese diagnóstico, Cortina rechaza el derrotismo y pone el ejemplo de Singapur, una isla que a finales de los años cincuenta compartía condiciones de rezago y que logró revertir su situación con disciplina legal y combate a la impunidad.
Para el abogado, la salida no pasa solo por las reformas legales: exige un cambio cívico cotidiano, desde respetar el semáforo y dar el paso en la calle hasta la educación en casa y escuelas, para desactivar la tentación de actuar como en Fuenteovejuna.
Fuente: Sopitas.
